Comparte Investigación

La Fundación Comparte y la Asociación Crecer Juntos presentaron un informe en el cual denuncian el efecto placebo de los derechos del niño

La Unidad de Investigación de la Fundación Comparte (UIC) y Leonor Cruz, coordinadora de la ONG Crecer Juntos de Tucumán,  denunciaron en la Casa América de Catalunya el 20 de noviembre, día internacional de la infancia, que la Ley de Educación Argentina no está garantizando los derechos del niño a tener una educación gratuita, de calidad e inclusiva.

La investigación “Miradas cruzadas sobre la efectividad del derecho a la educación en los barrios periféricos de San Miguel de Tucumán” recogió las voces de los barrios de Trula, Villa Muñecas, La Bombilla, Echeverria, entre otros. A partir de encuestas y entrevistas en profundidad a madres e hijos de estos barrios se estableció un mapa sobre la percepción que esos actores sociales tienen de la educación. Las subjetividades del barrio se cruzaron, compararon y confrontaron con las voces del gobierno, de la justicia y del periodismo. 

La finalidad del informe fue observar si la efectividad del derecho a la educación que ratificó Argentina en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y que originó nuevas leyes para garantizar el pleno derecho a la educación, se cumplen en la zona de Tucumán, que fue portada en los diarios en el año 2001 a causa de la muerte de niños por desnutrición. Los objetivos del estudio son analizar si el derecho a la educación responde de forma adecuada a las principales necesidades de los adolescentes de Tucumán; si existe una relación directa entre el desarrollo del derecho y su efectividad.

El informe concluye que:

1. La escuela no es gratuita, no es inclusiva y no es de calidad, tres garantías que están incluidas en la Ley de Educación.
2. No es válida la creencia y el argumento arraigado en el imaginario colectivo de que a los pobres no les interesa estudiar.
3. La desnutrición es un grave problema en la zona, ya que afectó las capacidades cognitivas de muchos niños.
4. Los medios de comunicación presentan historias y anécdota de vida de los jóvenes a partir de una forma recurrente de narrar que neutraliza, no necesariamente de forma manifiesta o debido a teorías conspirativas, las verdaderas condiciones estructurales que explican o visibilizan los mecanismos sociales que están brotando de las pequeñas o grandes tragedias individuales. Los medios están cada vez más cerca de una lógica “mercantil irreverente” con la verdad y la ética de los contenidos, como señaló un periodista de la zona, y pueden llegar a subvertir su función social de cohesión creando incertidumbre y angustia, como manifestaron las madres de los barrios analizados.
5. El Estado está Ausente. Una asistenta social del barrio nos contó que las personas no perciben que el Estado tiene una deuda con ellos, “las madres hacen suya la culpa de un sistema que los excluyó. Una mujer me contó que su hija murió en el hospital porque se demoraron en atenderla. No tenia bronca contra el Estado. Dijo que pasó así porque era pobre”. Los relatos de las madres se ven interpelados así por la dimensión emocional en detrimento de las capacidades reflexivas, perdiendo así el concepto de “deslocalización de poderes”, que significa la imposibilidad de ubicar de dónde provienen las decisiones, los proyectos y los procesos que definen la vida social.
6. La droga es un problema urgente. El 70 por ciento de los jóvenes encuestados está preocupado por la presencia de la droga en los barrios. Y el 66 por ciento del los jóvenes dice tener un amigo o un conocido que consume drogas. El discurso oficial, compartido por algunas madres, es que el “encierro” permite controlar la “desviación” de la conducta del joven.
7. La violencia es un miedo compartido por ricos y pobres. El miedo a las zonas peligrosas se concreta en el reclamo al gobierno de más seguridad, que generalmente se asocia con más policía, tolerancia cero y leyes más duras. El reclamo es colectivo, de las clases populares y de las clases altas. Pero, paradójicamente, la confianza que todos ellos depositan en la capacidad de gestión del gobierno y la policía es poca o ninguna. Incluso esas instituciones son mencionadas como corruptas y tan peligrosas como los delincuentes que dicen combatir. Sin embargo, la percepción es que la violencia está territorializada en esos barrios, que se puede contener con un cerco de policías que acordonen el perímetro y estén a la “caza del joven”, como nos explicó un periodista del diario La Gaceta de Tucumán. La falta de confianza en la capacidad de gestión de la violencia por parte del gobierno más el aumento de la violencia es un cóctel peligroso, ya que fortalece la percepción de la necesidad de aumentar el control y las prácticas autoritarias, venciendo así las resistencias de una sociedad ya atemorizada. Los territorios “amurallados” generan una ilusión colectiva de lucha entre una violencia mala (los chorros, drogados, delincuentes) contra una violencia buena generada por el Estado y la policía, ilusión esquizofrénica si tenemos en cuenta que la mayoría, incluso los mismos políticos, no creen en la profesionalidad de las fuerzas de seguridad.
8. Se tortura físicamente a los jóvenes. Algunos jóvenes son perseguidos y torturados, según sus propios relatos, con el beneplácito de una sociedad incapaz de denunciar tales abusos bajo la creencia de que son daños colaterales, bajas justificadas, que son “ellos o nosotros”. Nunca se problematiza sobre la generación de la violencia, se da por hecho que está, y que se encuentra, genera y vive es “esos” barrios, territorios de nadie y sin ley. Se habla de la exclusión y de los excluidos pero nunca de aquellos que excluyen.
9. Las Instituciones de gobierno están vacías. La mayoría de las instituciones que  se encargan de gestionar y administrar las políticas públicas para la organización de sectores comunitarios vulnerables y fortalecimiento de los actores sociales del medio no tienen recursos económicos.
   

informe completo: Los hechos se burlan del derecho.pdf